El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra una Secretaría Regional Ministerial de Educación. El solicitante había requerido que la autoridad se pronunciara sobre la asignación de un beneficio, lo que el Consejo estimó ajeno al derecho de acceso a la información pública y propio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Como no se ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, el órgano concluyó que no podía acoger la solicitud de amparo y la declaró inadmisible por unanimidad de sus miembros presentes. La resolución fue notificada a las partes y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo legal, sin que proceda el recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadEducación
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo de acceso a la información para que la autoridad se pronuncie sobre la asignación de un beneficio?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo, porque estimó que pedir a la autoridad que se pronuncie sobre la asignación de un beneficio es ajeno al derecho de acceso a la información pública y propio del derecho de petición.
¿Qué ocurre si no se ejerce el derecho de acceso a la información en los términos que exige la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que no podía acoger la solicitud de amparo y la declaró inadmisible, precisamente porque no se ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia indicó que contra su resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo legal, y que no procede el recurso de reposición administrativo.
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