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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Quilicura, ordenando la entrega de información sobre el monto de financiamiento destinado al Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). Se consideró que se trata de información pública, respecto de la cual el municipio no invocó causales de reserva ni circunstancias de hecho que ponderar. La resolución apercibe al organismo con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, que incluyen multas y suspensión del cargo, en caso de incumplimiento. Además, se ordena acreditar la entrega efectiva de la información ante el Consejo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede un ciudadano pedir a una municipalidad información sobre el financiamiento de un programa municipal y qué ocurre si no se la entregan?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Quilicura y ordenó entregar la información sobre el monto destinado al Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, por ser información pública y no haber invocado el municipio causales de reserva. Además, apercibió al organismo con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento.

¿Qué debe hacer un organismo público después de que el Consejo para la Transparencia acoge un amparo?

En este caso, el Consejo ordenó a la Municipalidad de Quilicura entregar la información solicitada y acreditar ante el Consejo la entrega efectiva de la misma. El incumplimiento podría acarrear multas y suspensión del cargo, según el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

¿Cuándo puede un organismo público negarse a entregar información sobre gasto o financiamiento de políticas públicas?

En este caso, el Consejo consideró que el municipio no invocó causales de reserva ni circunstancias de hecho que ponderar, por lo que la información debía entregarse. La resolución se fundó en la Ley N° 20.285 y en la Ley N° 19.880.

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