El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la parte requirente en un juicio monitorio de precario por restitución de un inmueble, dirigido contra los artículos 18-C y 18-K de la Ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos. La requirente sostenía que el procedimiento monitorio vulneraba el debido proceso y el principio de igualdad, y el tribunal estimó que el requerimiento no ofrecía argumentación suficiente para sostener esas objeciones, además de que razonaba sobre la procedencia del litisconsorcio pasivo necesario, cuestión ajena a las normas cuya inaplicabilidad se solicitaba. En cuanto al fondo, se determinó que el procedimiento monitorio contiene elementos que garantizan el debido proceso, pues el derecho a ser oído se configura con la posibilidad de ser notificado, con independencia de la participación de hecho del requerido. Por ello, el Tribunal rechazó el requerimiento, alzó la suspensión del procedimiento decretada en autos y no condenó en costas a la parte requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
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Preguntas frecuentes
¿El procedimiento monitorio de la Ley N° 18.101 vulnera el debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el procedimiento monitorio contiene elementos que garantizan el debido proceso, pues el derecho a ser oído se configura con la posibilidad de ser notificado, con independencia de la participación de hecho del requerido.
¿Se puede alegar la falta de litisconsorcio pasivo necesario en un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que razonar sobre la procedencia del litisconsorcio pasivo necesario es una cuestión ajena a las normas cuya inaplicabilidad se solicitaba.
¿Qué se requiere para que un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sea acogido?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque no ofrecía argumentación suficiente para sostener las objeciones de debido proceso e igualdad planteadas.
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