Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 319, de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda, que autorizó el despacho de un vehículo con franquicia aduanera conforme al artículo 6° de la ley N° 17.238, en relación con el artículo 48 de la ley N° 20.422, por encontrarse ajustado a derecho. No obstante, el organismo formuló un alcance: para acceder a este beneficio en lo sucesivo debe aplicarse el decreto N° 1.253, de 2010, del Ministerio de Hacienda, que determina procedimientos y competencias para la obtención de beneficios arancelarios y tributarios, y no el decreto N° 1.950, de 1970, sobre importación de vehículos para personas lisiadas, como ocurrió en el caso analizado. El dictamen cita como precedentes sus pronunciamientos N°s. 42.367 y 55.466, ambos de 2012.