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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 319, de 2012, de…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 319, de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda, que autorizó el despacho de un vehículo con franquicia aduanera conforme al artículo 6° de la ley N° 17.238, en relación con el artículo 48 de la ley N° 20.422, por encontrarse ajustado a derecho. No obstante, el organismo formuló un alcance: para acceder a este beneficio en lo sucesivo debe aplicarse el decreto N° 1.253, de 2010, del Ministerio de Hacienda, que determina procedimientos y competencias para la obtención de beneficios arancelarios y tributarios, y no el decreto N° 1.950, de 1970, sobre importación de vehículos para personas lisiadas, como ocurrió en el caso analizado. El dictamen cita como precedentes sus pronunciamientos N°s. 42.367 y 55.466, ambos de 2012.

Normas citadas

  • ley 17238 art/6
  • ley 20422 art/48
  • dto 1253/2010 HACIE
  • dto 1950/70 HACIE
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué decreto debe aplicarse para obtener la franquicia aduanera de importación de vehículos para personas con discapacidad según la ley 17.238?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, para acceder a este beneficio en lo sucesivo, debe aplicarse el decreto N° 1.253, de 2010, del Ministerio de Hacienda, y no el decreto N° 1.950, de 1970, que se había usado en el caso analizado.

¿Es ajustado a derecho autorizar el despacho de un vehículo con franquicia aduanera conforme al artículo 6° de la ley 17.238?

En este caso, la Contraloría General de la República tomó razón de la resolución de la Subsecretaría de Hacienda que autorizó el despacho del vehículo con franquicia, por encontrarla ajustada a derecho. Sin embargo, formuló un alcance sobre el decreto aplicable para casos futuros.

¿Qué pronunciamientos de la Contraloría respaldan el criterio sobre el decreto aplicable a las franquicias de vehículos?

En este caso, el dictamen cita como precedentes sus pronunciamientos N°s. 42.367 y 55.466, ambos de 2012, que sustentan el criterio sobre la aplicación del decreto N° 1.253, de 2010, para obtener estos beneficios.

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