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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública presentado contra la Municipalidad de Curicó, por no haber respondido dentro del plazo legal una solicitud de información de carácter presupuestario y financiero. El Consejo acogió el amparo y ordenó al municipio entregar la información solicitada, acreditando la circunstancia conforme a la instrucción general N° 10, dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Asimismo, representó al alcalde la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia por no haber evacuado respuesta en plazo, con el fin de que se adopten medidas para evitar su reiteración. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el plazo de quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un municipio no responde una solicitud de información pública dentro del plazo legal?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó al municipio entregar la información solicitada en un plazo de cinco días hábiles, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Además, representó al alcalde la infracción al artículo 14 por no haber respondido en plazo.

¿Se puede reclamar contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?

En este caso, contra la decisión del Consejo Directivo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el plazo de quince días corridos.

¿Qué debe acreditar un municipio al entregar información pública ordenada por el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó al municipio entregar la información solicitada acreditando la circunstancia conforme a la instrucción general N° 10, dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.

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