El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación presentada por una empresa en contra de una municipalidad, a raíz de la adjudicación de una licitación pública para la habilitación de un edificio. La empresa sostuvo que el informe de evaluación y el decreto de adjudicación eran ilegales o arbitrarios. El Tribunal estimó que la autoridad licitante actuó conforme a derecho, aplicando el principio de no formalización y manteniendo un trato igualitario entre los oferentes, y que las omisiones formales fueron correctamente ponderadas sin afectar el resultado de la licitación. En consecuencia, declaró que ni el informe de evaluación ni el decreto de adjudicación merecen la calificación de ilegales o arbitrarios, rechazó la acción de impugnación y no condenó en costas a la parte demandante por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede rechazarse una impugnación a una licitación si la empresa alega que el informe de evaluación y el decreto de adjudicación son ilegales o arbitrarios?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación, al estimar que la autoridad licitante actuó conforme a derecho y que ni el informe de evaluación ni el decreto de adjudicación merecen la calificación de ilegales o arbitrarios.
¿Cómo se aplica el principio de no formalización en una licitación pública cuando hay omisiones formales?
En este caso, el Tribunal sostuvo que las omisiones formales fueron correctamente ponderadas mediante el principio de no formalización, sin afectar el resultado de la licitación, y que se mantuvo un trato igualitario entre los oferentes.
¿Se condena en costas al demandante si el Tribunal rechaza su impugnación contra una municipalidad por una licitación?
En este caso, el Tribunal rechazó la acción de impugnación pero no condenó en costas a la parte demandante, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.
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