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La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de amparo interpuesto por una ciudadana extranjera contra el Servicio Nacional de Migraciones. La resolución administrativa que rechazó su solicitud de residencia definitiva y ordenó su abandono del país fue declarada ilegal y desproporcionada. La recurrente reside en Chile desde hace años, tiene arraigo familiar y no registra anotaciones penales. La administración incumplió su obligación de promover la regularización migratoria y respetar el debido proceso. El tribunal ordenó reabrir el procedimiento administrativo y otorgar un nuevo plazo de 90 días para acreditar el pago de la multa por residencia irregular. La decisión se fundamentó en el artículo 7 de la Ley N° 21.325 y el artículo 21 de la Constitución Política.

Normas citadas

  • Art. 7 Ley N° 21.325
  • Art. 21 Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede la administración migratoria rechazar una solicitud de residencia definitiva y ordenar el abandono del país sin respetar el debido proceso?

En este caso, la Corte Suprema resolvió que no. Declaró ilegal y desproporcionada la resolución que rechazó la residencia y ordenó el abandono, porque la administración incumplió su deber de promover la regularización y de respetar el debido proceso.

¿Qué efecto tiene el arraigo familiar y la ausencia de antecedentes penales en un recurso de amparo por residencia migratoria en Chile?

En este caso, la Corte Suprema consideró el arraigo familiar y la residencia prolongada de la recurrente, junto con la falta de anotaciones penales, como factores que hacían desproporcionada la decisión administrativa de expulsarla del país.

¿Qué puede ordenar la Corte Suprema cuando acoge un amparo contra una decisión migratoria por residencia irregular?

En este caso, el tribunal ordenó reabrir el procedimiento administrativo y otorgar un nuevo plazo de 90 días para acreditar el pago de la multa por residencia irregular, fundando la decisión en el artículo 7 de la Ley N° 21.325 y en el artículo 21 de la Constitución.

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