Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol establece como Ratio Decidendi que el principio de legalidad y el principio de culpabilidad son fundamentales en el Derecho Penal Constitucional, garantizando que las penas sean proporcionales y que se respete la igualdad ante la ley. Se reafirma que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del imputado, conforme al artículo 19 N° 3 de la Constitución y el artículo 18 del Código Penal, salvo que sea más favorable al afectado, principio conocido como lex mitior. El Tribunal concluyó que la determinación de si una ley es más favorable debe ser realizada por el juez penal en cada caso concreto, considerando las circunstancias específicas del caso y comparando las normas derogadas con las nuevas. Asimismo, se establece que las penas sustitutivas no son beneficios, sino sanciones que restringen derechos y buscan la reinserción social, por lo que su exclusión debe ser razonable y proporcional. Como Obiter Dicta, el Tribunal señala que la pena debe ser la última ratio del sistema penal y que el legislador tiene un margen de decisión regulatoria autónoma en materia de política criminal, siempre que respete los principios constitucionales. También se menciona que el principio de proporcionalidad de las penas debe observarse en función del quantum de la pena y que la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos puede ser desproporcionada e inequitativa, afectando la finalidad de reinserción social. Finalmente, se destaca que la inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un control concreto que debe considerar las características del caso particular, y que el Tribunal Constitucional no puede determinar de manera abstracta la favorabilidad de una norma, siendo esta una tarea del juez de fondo.