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Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2022

Resumen

Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que solicita al Ministerio de Hacienda ratificar o rectificar su interpretación sobre el beneficio por muerte de personas que, siendo beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Vejez, pasaron a percibir la Pensión Garantizada Universal. La Superintendencia sostiene que dichas personas causan asignación por muerte, no solo cuota mortuoria, basándose en el artículo 34 de la Ley N° 20.255 y el artículo 23 de la Ley N° 21.419. Se concluye que quienes ya percibían beneficios solidarios antes de la PGU causan asignación por muerte, mientras que quienes soliciten la PGU desde febrero de 2022 sin causar dicha asignación en otro régimen, causarán cuota mortuoria. Por implicar gasto fiscal, se requiere la ratificación o rectificación del Ministerio de Hacienda.

Normas citadas

  • Ley N° 21.419
  • Ley N° 20.255
  • Articulo 23 de la ley N° 21.419
  • Ley N° 3.500
  • Ley N° 21.255
  • Decreto ley N° 3.500
  • Oficio ordinario N° 3274
  • Articulo 34 de la ley N° 20.255

Preguntas frecuentes

¿Quienes recibían la Pensión Básica Solidaria de Vejez y luego pasaron a la Pensión Garantizada Universal causan asignación por muerte?

Según este dictamen, la Superintendencia de Pensiones sostiene que las personas que ya percibían beneficios solidarios antes de la PGU sí causan asignación por muerte, y no solo cuota mortuoria. Esta interpretación se funda en el artículo 34 de la Ley N° 20.255 y el artículo 23 de la Ley N° 21.419.

¿Qué beneficio por muerte corresponde a quienes solicitan la Pensión Garantizada Universal desde febrero de 2022?

El dictamen concluye que quienes solicitan la PGU desde febrero de 2022 y no causan asignación por muerte en otro régimen causarán cuota mortuoria. En este caso, la Superintendencia de Pensiones distingue entre ambos grupos según la fecha de solicitud y el beneficio previo.

¿Puede la Superintendencia de Pensiones fijar por sí sola la interpretación sobre beneficios por muerte de la PGU?

En este caso, la Superintendencia de Pensiones solicita al Ministerio de Hacienda que ratifique o rectifique su interpretación, porque implica gasto fiscal. Así, la interpretación requiere la ratificación o rectificación de ese ministerio antes de quedar consolidada.

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