Resumen del criterio jurisprudencial
La implementación de sistemas biométricos para el control de asistencia en el sector público, instruida por la Contraloría General de la República, podría entrar en tensión con los nuevos estándares de protección de datos personales establecidos por la Ley N° 21.719, que entrará en vigencia en 2026. El desafío será compatibilizar eficiencia administrativa con resguardo de derechos fundamentales, especialmente ante la ausencia de una base legal específica y el principio de consentimiento reforzado en el tratamiento de datos sensibles.