El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información interpuest…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información interpuesto en contra del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, relativo a un expediente sumarial administrativo. El órgano había negado la entrega de la información sin acreditar suficientemente su inexistencia, por lo que el Consejo ordenó entregar copia del expediente, si estuviera afinado, o bien, en la etapa de formulación de cargos, si el solicitante tuviera la calidad de acusado. Deberán tarjarse los datos personales de contexto y los datos sensibles, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Si la información no obra en poder del órgano, éste deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando las razones. Se otorgó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Estatuto Administrativo
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Puede una persona pedir copia de un sumario administrativo en el que está involucrada?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar copia del expediente sumarial, si estuviera afinado, o en la etapa de formulación de cargos si el solicitante era acusado, tarjando los datos personales y sensibles de terceros.
¿Qué debe hacer un órgano público si no tiene la información que le piden por transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo que el órgano había negado la entrega sin acreditar la inexistencia de la información, por lo que debía fundar y comunicar al reclamante y al Consejo si la información no obra en su poder.
¿Qué plazo tiene un órgano para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
En este caso, el Consejo otorgó cinco días hábiles desde que la decisión quedó ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal, y dejó a salvo el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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