La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionari…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que pedía dejar sin efecto la orden de reintegrar la suma de $61.077, percibida por concepto de asignación de máquinas. El artículo 46, letra e), del D.F.L. N° 2, de 1968, que regula el Estatuto del Personal de Carabineros, otorga esta asignación al personal que opera sistemas computacionales, pero su procedencia exige una operación constante, permanente y exclusiva de un computador o terminal. Según lo informado por la institución, el funcionario dejó de operar de forma exclusiva y permanente el sistema desde el 6 de mayo de 2010, por lo que el órgano concluyó que la decisión de exigir el reintegro se ajusta a derecho. Se dejó a salvo que el afectado puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 10.336.
Normas citadas
DFL 2/68 Inter art/46 lt/e
ley 10336 art/67
dto 412/91 carab
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede el pago de la asignación de máquinas a un funcionario que ya no opera de forma exclusiva y permanente un sistema computacional?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la asignación exige una operación constante, permanente y exclusiva de un computador o terminal. Como el funcionario dejó de cumplir esa condición, concluyó que la orden de reintegro se ajusta a derecho.
¿Puede la Contraloría dejar sin efecto una orden de reintegro de asignaciones pagadas indebidamente a un funcionario de la PDI?
En este caso, el órgano rechazó la solicitud del funcionario de la Policía de Investigaciones de dejar sin efecto el reintegro de la asignación de máquinas. Además, dejó a salvo que el afectado puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 10.336.
¿Qué ocurre con la asignación de máquinas si el funcionario deja de operar el sistema computacional de manera exclusiva?
En este caso, la Contraloría consideró que, según lo informado por la institución, el funcionario dejó de operar el sistema de forma exclusiva y permanente desde el año 2010. Por ello, estimó procedente exigir la devolución de lo percibido por concepto de esa asignación.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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