El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. La reclamación se refería al plazo de entrega de un carnet de identidad y no alegaba una falta de publicación de información obligatoria, por lo que el Consejo concluyó que la materia escapa a su competencia, ya que no se trata de la entrega de información contenida en actos, documentos o antecedentes en poder del órgano, sino del ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, con ausencia de su presidente, y se notificó a las partes. En contra de lo resuelto procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por el plazo de entrega de un documento de identidad?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo sobre el plazo de entrega de un carnet de identidad, porque no se alegaba falta de publicación de información obligatoria y la materia escapa a su competencia.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de lo resuelto procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.
¿Puede el Consejo para la Transparencia conocer un reclamo que se refiere al ejercicio del derecho de petición?
En este caso, el Consejo concluyó que la materia escapa a su competencia, ya que no se trata de la entrega de información en poder del órgano, sino del ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.
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