Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso -INA establece como Ratio Decidendi que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, al restringir la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad, vulnera principios constitucionales como el de proporcionalidad de las penas, igualdad ante la ley y racionalidad, consagrados en los artículos 1°, 19 N° 2° y 19 N° 3° de la Constitución. Se argumenta que el ius puniendi del Estado no es absoluto y debe respetar la dignidad humana, limitándose a imponer penas privativas de libertad únicamente en casos estrictamente necesarios y para conductas delictivas graves que afecten bienes jurídicos de alta importancia. Asimismo, se destaca que las penas sustitutivas no son sinónimo de impunidad, sino que constituyen sanciones con un carácter punitivo, orientadas al control, reinserción social y prevención de la reincidencia, cumpliendo con los fines de la pena de manera más equilibrada y efectiva que el régimen carcelario. Además, se señala que la exclusión de ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas resulta desproporcionada e irracional cuando el quantum de la pena es menor en comparación con otros delitos excluidos, lo que genera una desigualdad injustificada. Como Obiter Dicta, se menciona que la constitucionalización del derecho penal implica interpretar las normas conforme a criterios sistemáticos y teleológicos, y que el legislador no puede prescindir de la finalidad de reinserción social al establecer reglas de punición. También se resalta que históricamente los sistemas de prisión no han logrado la rehabilitación de los condenados, mientras que las penas sustitutivas ofrecen un mejor balance entre los derechos de los delincuentes, las víctimas y la sociedad. Finalmente, se subraya que la estabilidad de la jurisprudencia y la remisión a fallos previos similares refuerzan la coherencia y racionalidad de la decisión adoptada.