El Consejo para la Transparencia conoció un amparo al derecho de acceso a la informació…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2010
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra una Intendencia Regional. El requirente no pedía información que obrara en poder del órgano, sino que exigía que la Intendencia fiscalizara a la P.F.T., lo que implica una actuación de la administración y no una solicitud de información en los términos de la Ley de Transparencia. El Consejo advirtió que no se cumplía el requisito del artículo 5° de la ley, pues no se solicitó información existente al momento de la petición. Por ello, y por la unanimidad de sus miembros presentes, declaró inadmisible el amparo y, en consecuencia, improcedente el procedimiento, ordenando notificar la decisión al requirente y al Intendente Regional para los efectos legales.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadJusticia
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia para exigir que un órgano fiscalice a una entidad?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque el requirente no pedía información existente, sino que exigía una actuación de fiscalización de la administración, lo que no constituye una solicitud de información en los términos de la Ley de Transparencia.
¿Qué requisito debe cumplir una solicitud de acceso a la información para que el Consejo para la Transparencia la admita?
En este caso, el Consejo advirtió que no se cumplía el requisito del artículo 5° de la Ley de Transparencia, pues no se solicitó información existente al momento de la petición, por lo que declaró inadmisible el amparo.
¿Qué ocurre si un amparo ante el Consejo para la Transparencia no cumple los requisitos de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo y, en consecuencia, improcedente el procedimiento, ordenando notificar la decisión al requirente y al Intendente Regional para los efectos legales.
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