Resumen
La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que se pronuncia sobre la interpretación de las cláusulas segunda y tercera de un contrato colectivo de trabajo, que establecían un bono de escolaridad de $7.400 por hijo estudiante y un bono de arriendo de $7.400 para trabajadores que pagaran arriendo, ambos condicionados a un sueldo tope de $175.000. La consulta se refería a si la empresa debía seguir pagando estos bonos a trabajadores cuyos sueldos superaron dicho tope debido a reajustes o incrementos remuneracionales. El dictamen concluye que, al ser el tope un monto fijo, cualquier aumento del sueldo, ya sea por reajuste legal, convencional o voluntario, implica la pérdida del derecho al beneficio, por lo que la empresa no está obligada a continuar pagando los bonos a aquellos trabajadores cuyos sueldos mensuales excedieron los $175.000.