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La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que concluye que el Com…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2022

Resumen

La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que concluye que el Comando de Bienestar del Ejército de Chile se encuentra facultado para entregar en arrendamiento o concesión, mediante propuesta pública, un inmueble perteneciente a su patrimonio de afectación fiscal. El organismo señala que la regla general de contratación administrativa es la licitación pública y que el Comando puede suscribir actos jurídicos para conseguir fines de bienestar social. Para ello, debe plasmar en el pliego de condiciones los motivos de interés público, fijar rentas racionales y proporcionales, e incluir cláusulas que permitan el término anticipado del contrato en resguardo del interés público, especialmente si el arriendo o concesión es por un período de al menos 30 años.

Normas citadas

  • Ley 18712 art/1
  • ley 18712 art/3
  • ley 18712 art/8
  • ley 18575 art/9
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede el Comando de Bienestar del Ejército entregar en arriendo o concesión un inmueble de su patrimonio?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el Comando de Bienestar del Ejército está facultado para entregar en arrendamiento o concesión, mediante propuesta pública, un inmueble de su patrimonio de afectación fiscal.

¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un organismo como el Comando de Bienestar para arrendar un inmueble?

En este caso, la Contraloría señaló que la regla general es la licitación pública y que el pliego debe fijar los motivos de interés público, rentas racionales y proporcionales. Además, debe incluir cláusulas de término anticipado.

¿Qué cláusulas debe tener un contrato de arriendo de largo plazo de un inmueble fiscal?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, si el arriendo o concesión es por un período de al menos 30 años, deben incluirse cláusulas que permitan el término anticipado del contrato en resguardo del interés público.

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