El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo por infracció…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule. La recurrente exponía que su subsidio rural no cubría los costos de construcción del permiso de edificación que obtuvo, pero no cuestionaba la falta de publicación o de completitud de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGestión y administración territorial (Urbanismo)
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por la falta de publicación de información en transparencia activa si el reclamo se basa en otro motivo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque la recurrente no cuestionaba la falta de publicación o de completitud de la información exigida por el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento, por lo que carecía de un elemento habilitante.
¿Cuál es el recurso para impugnar una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo de transparencia activa?
En este caso, el resumen indica que contra la decisión que declaró inadmisible el reclamo procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
¿Qué debe cuestionar un reclamo por infracción a la transparencia activa para ser admisible ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe fundarse en la falta de publicación o de completitud de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento.
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