Resumen del criterio jurisprudencial
La resolución del Tribunal Constitucional en el establece como Ratio Decidendi que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Erik Andree Espinoza Labra respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, adolece de falta de fundamento plausible, conforme al numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, lo que impide su admisibilidad. Se argumenta que las presentaciones realizadas contienen argumentaciones insuficientes para explicitar las vulneraciones a la Constitución que se alegan, específicamente en relación con los artículos 1° y 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política, así como disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se destaca que la norma impugnada, que prohíbe otorgar penas sustitutivas a los autores de ciertos delitos graves como la violación, responde a una decisión legislativa basada en la gravedad de los delitos y la proporcionalidad de las penas, conforme al principio de racionalidad y justicia consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Como Obiter Dicta, el Tribunal señala que en casos previos similares, como los Roles N° 9451 y 9594, se ha rechazado la inaplicabilidad respecto de delitos graves, enfatizando que el legislador consideró la especial lesividad de estas conductas y la necesidad de una sanción proporcional, incluyendo su forma de cumplimiento. Además, se menciona que la improcedencia de penas sustitutivas para ciertos delitos fue introducida por modificaciones legislativas en 2012 y 2014, considerando la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos y la severidad de las penas asociadas, lo que refuerza la constitucionalidad de la norma cuestionada. Finalmente, se concluye que no existe vinculación entre los argumentos del requirente y los estándares de proporcionalidad y racionalidad exigidos por la Constitución, lo que refuerza la inadmisibilidad del requerimiento.