Resumen del criterio jurisprudencial
La sentencia profundiza en el equilibrio entre la transparencia pública y la correcta gestión de los procedimientos administrativos ante campañas de solicitudes masivas. El análisis jurídico determina que, si bien la normativa comunitaria no impone de forma directa la identificación del peticionario, tampoco impide que las legislaciones internas fijen este requisito para salvaguardar el orden de los procesos estatales, siempre que no se obstaculice injustificadamente el ejercicio del derecho.