Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la idoneidad psicológica de los asistentes de la educación, estableciendo que esta debe determinarse mediante un informe que evalúe patologías o personalidades que puedan afectar a los educandos, y no las competencias laborales del trabajador. En el caso concreto, se analizaron dos evaluaciones realizadas a un asistente de la educación: la primera no consideró los aspectos requeridos por la ley N° 19.464, y la segunda, aunque realizada por el Servicio de Salud, tampoco se ajustó a la jurisprudencia de la Contraloría. Respecto a la Municipalidad de Cañete, se determinó que actuó correctamente al desvincular al trabajador basándose en la primera evaluación del Servicio de Salud, por lo que no se le reprocha su actuación. Finalmente, se ordenó al Servicio de Salud remitir, en un plazo de 15 días, los antecedentes que acrediten que la última evaluación cumplió con los criterios establecidos.