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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la idoneidad psicológica de l…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la idoneidad psicológica de los asistentes de la educación, estableciendo que esta debe determinarse mediante un informe que evalúe patologías o personalidades que puedan afectar a los educandos, y no las competencias laborales del trabajador. En el caso concreto, se analizaron dos evaluaciones realizadas a un asistente de la educación: la primera no consideró los aspectos requeridos por la ley N° 19.464, y la segunda, aunque realizada por el Servicio de Salud, tampoco se ajustó a la jurisprudencia de la Contraloría. Respecto a la Municipalidad de Cañete, se determinó que actuó correctamente al desvincular al trabajador basándose en la primera evaluación del Servicio de Salud, por lo que no se le reprocha su actuación. Finalmente, se ordenó al Servicio de Salud remitir, en un plazo de 15 días, los antecedentes que acrediten que la última evaluación cumplió con los criterios establecidos.

Normas citadas

  • ley 19464 art/3 inc/1
  • ley 19464 art/3 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué debe evaluar el informe de idoneidad psicológica de un asistente de la educación según la Contraloría?

En este dictamen, la Contraloría sostuvo que la idoneidad psicológica debe determinarse mediante un informe que evalúe patologías o personalidades que puedan afectar a los educandos, y no las competencias laborales del trabajador.

¿Puede un municipio desvincular a un asistente de la educación con base en una evaluación psicológica del Servicio de Salud?

En este caso, la Contraloría concluyó que la Municipalidad de Cañete actuó correctamente al desvincular al trabajador basándose en la primera evaluación del Servicio de Salud, por lo que no le reprochó su actuación.

¿Qué pasa si una evaluación psicológica de asistentes de la educación no cumple con la ley 19.464 o la jurisprudencia de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría determinó que una primera evaluación no consideró los aspectos requeridos por la ley 19.464 y que una segunda evaluación tampoco se ajustó a su jurisprudencia, por lo que ordenó al Servicio de Salud remitir antecedentes que acrediten que la última evaluación cumplió los criterios establecidos.

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