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Una persona solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

Una persona solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la compatibilidad entre desempeñar el cargo de miembro titular del Tribunal de Propiedad Industrial y, simultáneamente, la función de abogado integrante de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. El organismo fiscalizador explicó que solo emite informes a petición de los jefes superiores de servicio y, excepcionalmente, a solicitud de funcionarios o particulares, cuando se les ha denegado algún derecho que pretendan tener o se hubiere omitido o dilatado una resolución por parte de la autoridad administrativa, previo requerimiento del interesado, siempre que se trate de asuntos relacionados con las materias o los órganos sometidos a su fiscalización, conforme a la ley N° 10.336. En definitiva, la Contraloría se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre el fondo, por no existir denegatoria ni dilación por parte de la autoridad que habilitara su intervención.

Normas citadas

  • Ley N° 10.336
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Cuándo puede la Contraloría emitir un pronunciamiento a solicitud de un particular?

En este caso, la Contraloría explicó que solo emite informes a petición de los jefes superiores de servicio y, excepcionalmente, a solicitud de funcionarios o particulares cuando se les ha denegado un derecho o se ha omitido o dilatado una resolución, previo requerimiento del interesado.

¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre la compatibilidad de cargos si no hay denegatoria ni dilación de la autoridad?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre el fondo por no existir denegatoria ni dilación por parte de la autoridad que habilitara su intervención.

¿Qué requisitos debe cumplir una solicitud de pronunciamiento dirigida a la Contraloría por un particular?

En este caso, la Contraloría señaló que la solicitud debe referirse a materias u órganos sometidos a su fiscalización, conforme a la ley N° 10.336, y que previamente el interesado haya requerido a la autoridad y se le haya denegado un derecho o se haya omitido o dilatado una resolución.

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