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La Contraloría General de la República tomó razón de una resolución de la Dirección Gen…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de una resolución de la Dirección General de Obras Públicas que adjudica una propuesta pública para la asesoría de inspección técnica de la explotación de la obra aeroportuaria concesionada del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, pero formuló dos alcances. En primer lugar, observó que la publicación de la licitación en el Diario Oficial consignó, respecto de las respuestas a consultas, plazos distintos de los fijados en las bases que rigen el contrato, por lo que ordenó al servicio cautelar en lo sucesivo que esa publicación refleje fielmente los plazos establecidos en el pliego de condiciones. En segundo lugar, advirtió que el reverso de una página de una resolución exenta que sancionó una circular aclaratoria no fue inutilizado con la firma y timbre del ministro de fe, conforme a la jurisprudencia administrativa del propio organismo fiscalizador, por lo que dispuso adoptar las medidas necesarias para corregir esa práctica en el futuro. Con esos alcances, se tomó razón del acto administrativo.

Normas citadas

  • Resolución N° 259, de 2010
  • Resolución exenta N° 3291, de 2010
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la publicación de una licitación en el Diario Oficial consigna plazos distintos a los de las bases?

En este caso, la Contraloría observó esa discrepancia y ordenó al servicio que, en lo sucesivo, la publicación refleje fielmente los plazos establecidos en el pliego de condiciones.

¿Qué debe hacer el ministro de fe con el reverso de una página de una resolución exenta?

En este caso, la Contraloría advirtió que el reverso de una página no fue inutilizado con la firma y timbre del ministro de fe, conforme a su jurisprudencia administrativa, y dispuso corregir esa práctica en el futuro.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un acto administrativo formulando alcances?

En este caso, la Contraloría tomó razón de la resolución de la Dirección General de Obras Públicas, pero formuló dos alcances y ordenó al servicio adoptar medidas para corregir las prácticas observadas.

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