Resumen del criterio jurisprudencial
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la validez de la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2018/822, que obliga a intermediarios y contribuyentes a informar sobre mecanismos fiscales transfronterizos potencialmente agresivos. La sentencia examina la compatibilidad de estas obligaciones de comunicación con derechos fundamentales como el secreto profesional, la vida privada y la seguridad jurídica. El Tribunal declara válida la normativa en general, pero invalida parcialmente el artículo 8 bis ter, apartado 5, en lo que respecta a profesionales del derecho. La decisión equilibra la necesidad de transparencia fiscal con la protección de derechos fundamentales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.