Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° 11.343-21-INA establece como Ratio Decidendi que el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, al exigir un impedimento 'en forma absoluta' para suspender audiencias en juicios orales penales, vulnera el derecho a defensa y el debido proceso garantizados por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República de Chile, ya que impide a los jueces ponderar afectaciones parciales o sustanciales al ejercicio de los derechos de los imputados, especialmente en contextos de juicios telemáticos. La mayoría argumenta que esta norma degrada el estándar de garantía del derecho a defensa, que es inviolable e irrenunciable, y que el legislador no puede limitar ni condicionar su ejercicio mediante la exigencia de un impedimento absoluto. Asimismo, se señala que el debido proceso incluye los principios de oralidad, inmediación y contradicción, los cuales son esenciales en el juicio oral penal y se ven degradados en los juicios telemáticos, afectando la calidad de la información probatoria y la interacción entre el imputado y su defensor. El Tribunal destaca que la norma cuestionada impide a los jueces de fondo aplicar el artículo 10 del Código Procesal Penal, que permite suspender procedimientos en caso de afectación sustancial de los derechos del imputado, lo que constituye una regresión en los estándares de protección de derechos fundamentales. Como Obiter Dicta, la mayoría resalta que la realización de juicios telemáticos, aunque pueda ser útil en ciertas circunstancias, no puede justificar la degradación de las garantías mínimas del debido proceso, como la comunicación libre y privada entre el imputado y su defensor, la posibilidad de contrainterrogar testigos y la percepción directa de la prueba por parte del tribunal. Además, se enfatiza que la normativa internacional, como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que los Estados aseguren las garantías mínimas de un juicio justo, incluyendo la igualdad de armas y el derecho a la defensa efectiva. También se menciona que la tecnología utilizada en los juicios telemáticos debe ser adecuada para garantizar la calidad de la transmisión y evitar interferencias que puedan afectar los derechos de los intervinientes. Finalmente, el Tribunal aclara que la declaración de inaplicabilidad no implica un cuestionamiento general al uso de herramientas telemáticas, sino que busca devolver a los jueces la facultad de ponderar las afectaciones al derecho a defensa en cada caso concreto, más allá de si el impedimento es absoluto o no.