El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2010
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra el Servicio de Impuestos Internos, por la falta de respuesta oportuna a una solicitud. El reclamante pedía una resolución administrativa que sirviera de fundamento a la actuación fiscalizadora del Servicio y las normas legales que la facultaban. El Servicio sostuvo que no existía tal resolución y que un ordinario informaba al reclamante sobre la fiscalización, mencionando las normas habilitantes. El Consejo razonó que ese ordinario podía entenderse como respuesta a lo requerido, y que no le correspondía pronunciarse sobre si la fiscalización se ajustaba o no a derecho, por exceder el ámbito de la Ley de Transparencia. Sin embargo, constató que la respuesta habría sido despachada fuera del plazo de veinte días hábiles que establece dicha ley, por lo que acogió el amparo, entendiendo que la información ya había sido proporcionada. Ordenó notificar la decisión y remitir al reclamante copia de los documentos acompañados por el Servicio en sus descargos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el Servicio de Impuestos Internos responde una solicitud de información fuera del plazo legal?
En este caso, el Consejo para la Transparencia constató que la respuesta fue despachada fuera del plazo de veinte días hábiles que establece la Ley de Transparencia, por lo que acogió el amparo, entendiendo que la información ya había sido proporcionada.
¿Puede el Consejo para la Transparencia pronunciarse sobre si una fiscalización del SII se ajusta a derecho?
En este caso, el Consejo razonó que no le correspondía pronunciarse sobre si la fiscalización se ajustaba o no a derecho, por exceder el ámbito de la Ley de Transparencia.
¿Sirve un oficio ordinario del SII como respuesta a una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia razonó que un ordinario que informaba al reclamante sobre la fiscalización y mencionaba las normas habilitantes podía entenderse como respuesta a lo requerido.
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