La Contraloría General de la República se pronunció sobre la exoneración de responsabil…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la exoneración de responsabilidad civil de un funcionario de Carabineros por los daños sufridos por un automóvil fiscal, a raíz de un accidente ocurrido durante un procedimiento policial en San Pedro de la Paz. El vehículo, que perseguía a una camioneta encargada por robo, fue chocado por esta última en una maniobra de viraje y aceleración, y los daños fueron valorados en $2.142.000. El organismo concluyó que se cumplían los requisitos del artículo 62 de la ley N° 10.336, pues el deterioro no se debió a culpa o negligencia del servidor, y en consecuencia exoneró al funcionario de responsabilidad civil.
Normas citadas
ley 10336 art/62
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un funcionario de Carabineros debe responder civilmente por los daños a un vehículo fiscal si el choque ocurrió durante una persecución policial?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procedía exigir responsabilidad civil al funcionario, porque los daños al vehículo fiscal no se debieron a culpa o negligencia suya, sino a que la camioneta perseguida lo chocó en una maniobra de viraje y aceleración.
¿Cuándo procede la exoneración de responsabilidad civil de un funcionario público por daños a bienes fiscales según el artículo 62 de la ley 10.336?
Según este dictamen, la exoneración procede cuando se cumplen los requisitos del artículo 62 de la ley N° 10.336, siendo el requisito central que el deterioro no se haya producido por culpa o negligencia del servidor, lo que la Contraloría verificó en el caso de un accidente durante un procedimiento policial.
¿Qué pasa con la responsabilidad de un carabinero si el vehículo fiscal sufre daños durante un procedimiento policial que no fue causado por él?
En este caso, la Contraloría sostuvo que, al haber sido el daño provocado por un tercero que embistió el vehículo fiscal durante la persecución, el funcionario quedaba exonerado de responsabilidad civil por los daños, cuya valoración fue de $2.142.000.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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