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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado por un particular contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. El requirente había solicitado la emisión de un certificado de nacimiento, pero el Consejo concluyó que esa petición no constituye una solicitud de acceso a información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, y que la certificación de documentos se rige por normas especiales distintas. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información conforme a la ley, no podía acogerse el amparo y se declaró inadmisible. La decisión fue adoptada por unanimidad y se notificó a las partes, advirtiéndose que en contra de ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial

Preguntas frecuentes

¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si lo solicitado es un certificado de nacimiento?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la emisión de un certificado de nacimiento no constituye una solicitud de acceso a información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición.

¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?

En este caso, el Consejo advirtió que en contra de la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición.

¿La certificación de documentos se rige por la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo concluyó que la certificación de documentos se rige por normas especiales distintas a la Ley de Transparencia, por lo que no podía acogerse el amparo y se declaró inadmisible.

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