Resumen del criterio jurisprudencial
La nueva Ley de Seguridad Privada, que entra en vigencia el 28 de noviembre, exige a múltiples sectores adoptar medidas basadas en el nivel de riesgo y no en montos de dinero. Este cambio estructural obliga a las empresas a replantear protocolos, capacitar personal e invertir en tecnología, en un contexto donde la seguridad se transforma en una obligación legal y estratégica.