El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La presentación tenía por objeto que el Consejo intercediera para que el órgano reclamado evacuara un informe, y no reclamaba la falta de completitud ni de acceso a la información que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a mantener en los sitios electrónicos de la Administración del Estado. Al no señalar una infracción a esas disposiciones, el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. La resolución fue adoptada por unanimidad y se indica que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia si solo se pide que intercedan para que un órgano entregue un informe?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque no señalaba una infracción a las obligaciones de transparencia activa de los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, por lo que carecía de un elemento habilitante para su interposición.
¿Qué recurso procede contra una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
¿Qué se debe reclamar ante el Consejo para la Transparencia por incumplimiento de transparencia activa?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe fundarse en la falta de completitud o de acceso a la información que la Administración del Estado debe mantener en sus sitios electrónicos conforme a los artículos 7º de la Ley y 51 de su Reglamento.
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