El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo presentado por una empr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo presentado por una empresa de transporte contra el Servicio Nacional de Aduanas por supuesta infracción a las normas de transparencia activa, previstas en el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento. El Consejo concluyó que la presentación no reclamaba la falta de publicación de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, sino que expresaba una queja por la apertura de correspondencia sin justificación. Al faltar un elemento habilitante para interponer el reclamo, este fue declarado inadmisible. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un reclamo ante el Consejo para la Transparencia no se refiere a la falta de publicación de información en transparencia activa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque no cuestionaba la falta de publicación de información de transparencia activa, sino una queja por la apertura de correspondencia sin justificación. Al faltar un elemento habilitante, el reclamo no pudo tramitarse.
¿Contra una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo sostuvo que no procede el recurso de reposición contra su resolución. Procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación.
¿Qué normas regulan la transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado en Chile?
En este caso, el reclamo invocaba el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento, que obligan a los órganos de la Administración del Estado a mantener información en sus sitios electrónicos. El Consejo consideró que el reclamo no versaba sobre ese deber.
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