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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Se discutía la aplicación del artículo 4° inciso primero de la Ley N° 19.886 y del artículo 294 bis del Código del Trabajo, que establecen una inhabilitación automática de dos años para contratar con el Estado ante ciertas infracciones laborales. La mayoría del Tribunal consideró que dichas normas vulneran el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, al aplicar una sanción única y desproporcionada sin distinguir la gravedad de la infracción ni permitir un debate previo. Se estimó que la sanción afecta el principio de proporcionalidad, generando un impacto económico desmedido en comparación con la multa original. En la parte resolutiva, el Tribunal concluyó que la norma impugnada también afecta el principio de independencia judicial, al obligar al juez penal a imponer una pena de privación de libertad efectiva sin alternativas, restringiendo sus facultades jurisdiccionales.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso tercero, numeral 1
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7, letra i)
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 9
  • Constitución Política, artículo 19, inciso tercero, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 3, inciso sexto
  • Constitución Política, artículo 21, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7, letra a)
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional la inhabilitación automática de dos años para contratar con el Estado por infracciones laborales?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estimó que la inhabilitación automática vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo. Lo fundó en que la sanción es única, desproporcionada y no distingue la gravedad de la infracción ni permite un debate previo.

¿La sanción de inhabilitación para contratar con el Estado puede afectar el principio de proporcionalidad?

Según el Tribunal Constitucional en este caso, sí. La sanción de inhabilitación genera un impacto económico desmedido en comparación con la multa original, lo que afecta el principio de proporcionalidad.

¿Una norma que obliga al juez a imponer una pena de privación de libertad sin alternativas vulnera la independencia judicial?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que sí, porque la norma impugnada obliga al juez penal a imponer una pena de privación de libertad efectiva sin alternativas, restringiendo sus facultades jurisdiccionales.

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