El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un banco contra una disposición de la Ley N° 18.287 que limita el recurso de apelación en ciertos procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. El requirente sostenía que la restricción vulneraba su derecho a defensa y la igualdad ante la ley, al impedir revisar la competencia del tribunal en casos de interés difuso. La mayoría del Tribunal desestimó el requerimiento, mientras que algunos ministros formularon prevenciones sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y su aplicación a personas jurídicas. La sentencia fue redactada por el Ministro señor R.P.F..
Normas citadas
Artículo 32, Ley N° 18.287
Artículo 23, Ley de Protección al Consumidor
Artículo 28 B, Ley de Protección al Consumidor
Artículo 29, Pacto de San José
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Preguntas frecuentes
¿Puede un banco apelar ante la Corte si la Ley N° 18.287 restringe la apelación en procedimientos ante los Juzgados de Policía Local?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por un banco contra la limitación del recurso de apelación en ciertos procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. Estimó que la restricción no vulneraba el derecho a defensa ni la igualdad ante la ley.
¿Vulnera el derecho a defensa limitar la apelación para revisar la competencia de un Juzgado de Policía Local en casos de interés difuso?
El requirente sostenía que sí, porque impedía revisar la competencia del tribunal en esos casos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, por mayoría, desestimó el requerimiento y no acogió esa tesis.
¿Se aplica la Convención Americana de Derechos Humanos a los recursos de personas jurídicas como los bancos?
En este caso, algunos ministros formularon prevenciones sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y su aplicación a personas jurídicas. La sentencia fue redactada por el Ministro señor R.P.F.
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