Resumen del criterio jurisprudencial
Carla Fernanda Paz Soto Espinoza interpuso una acción de protección contra la Universidad de Concepción por no entregar certificados de licenciatura y bloquearla del sistema digital, alegando vulneración de garantías constitucionales. La Corte de Apelaciones de Chillán acogió la acción, considerando que la retención de documentos por deudas financieras vulneraba derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esta sentencia al constatar que la Universidad había entregado todos los certificados requeridos (grado académico, concentración de notas y conducta) antes de la sentencia de alzada. Al haber cesado el acto impugnado, la Corte Suprema rechazó la acción por falta de medidas a adoptar.