Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente Nathalia Marín Campos interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización. La Corte Suprema analizó si dicha omisión vulneraba sus derechos constitucionales. Se constató que la solicitud se encontraba en un procedimiento reglado y uniforme. Además, la nueva Ley N°21.325 establece que la cédula de identidad del extranjero mantiene su vigencia mientras se tramita la solicitud migratoria, lo que elimina la amenaza de perjuicio. La Corte concluyó que la demora no era arbitraria ni ilegal, pues la Administración estaba siguiendo el procedimiento establecido. Sin embargo, recordó que el Servicio debe pronunciarse en un plazo razonable, según el artículo 27 de la Ley N°19.880. En definitiva, se revocó la sentencia apelada y se rechazó el recurso de protección.