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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en favo…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en favor de una menor contra FONASA y el Ministerio de Salud, por la negativa a financiar un medicamento de alto costo para una enfermedad rara. El tribunal consideró que no se acreditó un riesgo vital inminente que justificara la cobertura, y que la negativa se ajustó al principio de legalidad, pues el fármaco no está incluido en los sistemas GES ni en la Ley Ricarte Soto. Asimismo, señaló que el financiamiento de estos tratamientos corresponde a una política pública sanitaria que debe ser abordada por la autoridad competente, sin que pueda alterarse judicialmente sin fundamentos objetivos. Por ello, no se configuró una vulneración a las garantías constitucionales invocadas, desestimándose la acción cautelar, sin costas.

Normas citadas

  • Ley N° 20.850
  • Ley N° 19.966
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 21.430
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 2763
  • Decreto Supremo N° 830
  • DFL N° 1
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Preguntas frecuentes

¿Puede un tribunal ordenar a FONASA financiar un medicamento de alto costo que no está en el GES ni en la Ley Ricarte Soto?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección porque la negativa de financiamiento se ajustó al principio de legalidad, al no estar el fármaco incluido en el GES ni en la Ley Ricarte Soto. Además, no se acreditó un riesgo vital inminente que justificara la cobertura.

¿Cuándo procede un recurso de protección para exigir la cobertura de un tratamiento para una enfermedad rara?

Según este fallo, la acción cautelar no prosperó porque no se acreditó un riesgo vital inminente que justificara la cobertura del medicamento. El tribunal estimó que no se configuró vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

¿Puede un juez alterar la política pública de financiamiento de medicamentos de alto costo?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que el financiamiento de estos tratamientos corresponde a una política pública sanitaria que debe ser abordada por la autoridad competente. Por ello, no puede alterarse judicialmente sin fundamentos objetivos.

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