La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la modalidad de ejercicio del…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la modalidad de ejercicio del derecho de alimentación del artículo 206 del Código del Trabajo. Señala que la elección de la modalidad (postergar o adelantar en media hora o una hora el inicio o término de la jornada) debe acordarse entre la autoridad y la funcionaria. A falta de acuerdo, debe buscarse una alternativa que concilie el derecho con el interés público y la eficiencia administrativa. Además, la opción debe ser uniforme durante la semana, no diferenciada. Respecto al traspaso al padre, el inciso sexto del artículo 206 permite que ambos padres trabajadores acuerden que sea el padre quien ejerza el derecho, comunicándolo por escrito a ambos empleadores con 30 días de anticipación, sin necesidad de remitir copia a la Inspección del Trabajo tratándose de funcionarios públicos.
Normas citadas
CTR art/206 inc/6
ley 18575 art/5
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Preguntas frecuentes
¿Quién decide la modalidad del derecho de alimentación del artículo 206 del Código del Trabajo para una funcionaria pública?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la modalidad (postergar o adelantar media hora o una hora la jornada) debe acordarse entre la autoridad y la funcionaria. Si no hay acuerdo, debe buscarse una alternativa que concilie el derecho con el interés público y la eficiencia administrativa.
¿Puede la modalidad del derecho de alimentación variar según el día de la semana?
No. En este caso, la Contraloría General de la República señaló que la opción elegida debe ser uniforme durante la semana y no puede diferenciarse por día.
¿Puede el padre ejercer el derecho de alimentación en lugar de la madre, y cómo se comunica?
En este caso, la Contraloría General de la República indicó que el inciso sexto del artículo 206 permite que ambos padres trabajadores acuerden que el padre ejerza el derecho. Debe comunicarse por escrito a ambos empleadores con 30 días de anticipación, sin necesidad de remitir copia a la Inspección del Trabajo tratándose de funcionarios públicos.
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