Resumen
La doctrina relevante de la resolución del Tribunal Constitucional en el caso Rol N° se fundamenta en que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, al restringir la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad, vulnera principios constitucionales fundamentales. La Ratio Decidendi se centra en que dicha disposición contraviene el principio de igualdad ante la ley (artículo 19, numeral 2° de la Constitución), el derecho a un procedimiento racional y justo (artículo 19, numeral 3°, inciso sexto), y el principio de proporcionalidad de las penas, al establecer una desproporción entre la gravedad del delito y la severidad de la pena. Asimismo, se considera que la exclusión de las penas sustitutivas es incompatible con la finalidad de reinserción social de los condenados, reconocida como un valor constitucional basado en la dignidad humana. La mayoría del Tribunal sostiene que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe respetar principios limitadores derivados de la dignidad humana, como la humanidad de las penas y la proporcionalidad, destacando que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio reservada para los delitos más graves. También se enfatiza que las penas sustitutivas no constituyen un beneficio, sino una sanción con carácter punitivo que busca el control, la reinserción social y la no reincidencia del condenado, siendo más adecuadas para equilibrar los derechos de los delincuentes, las víctimas y la sociedad. Como Obiter Dicta, se señala que históricamente los sistemas de prisión no han logrado la rehabilitación efectiva de las personas, mientras que las penas sustitutivas han demostrado ser más idóneas para cumplir los fines de reinserción y protección de las víctimas. Además, se resalta que el legislador debe respetar criterios de razonabilidad y justicia al establecer excepciones a las penas sustitutivas, y que la exclusión total de ciertos delitos de estos beneficios resulta desproporcionada e irracional, especialmente cuando el quantum de la pena es menor en comparación con otros delitos excluidos. Finalmente, se concluye que la disposición impugnada no cumple con los estándares constitucionales de proporcionalidad, racionalidad y justicia, lo que lleva a su declaración de inaplicabilidad en el caso concreto.