Resumen del criterio jurisprudencial
Natalia Isadora Neira Molina interpuso un recurso de protección contra la Tesorería General de la República por considerar ilegal y arbitrario el procedimiento de cobro ejecutivo tributario iniciado para recuperar un crédito CAE. La recurrente alegó que la obligación no es tributaria y que no se cumplieron los requisitos de la Ley N° 20.027. La Tesorería defendió su actuación basándose en el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 y el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, declarando que la Tesorería actuó dentro de sus atribuciones y que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad. Además, se consideró extemporáneo respecto de ciertos actos. En consecuencia, se confirmó la legalidad del procedimiento y las medidas de embargo.