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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra la Municipalidad de Punta Arenas y ordenó entregar un levantamiento cartográfico asociado a un estudio de modificación del plan regulador comunal del año 2010. El organismo concluyó que se trata de información pública respecto de la cual no se acreditó ninguna causal legal de reserva, y que los cobros invocados por el municipio no estaban justificados. En consecuencia, ordenó al municipio cumplir con la entrega de la información y notificar la decisión tanto al solicitante como al alcalde. Se dejó constancia de que en contra de la resolución procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo, con la abstención previa de uno de sus consejeros por estimar comprometida su imparcialidad.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Oficio N° 23273
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué información puede solicitarse a una municipalidad sobre estudios de modificación del plan regulador?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que un levantamiento cartográfico asociado a un estudio de modificación del plan regulador comunal es información pública y ordenó su entrega, al no acreditarse causal legal de reserva.

¿Puede un municipio negar la entrega de información pública por cobros no justificados?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que los cobros invocados por el municipio no estaban justificados y ordenó igualmente la entrega de la información solicitada.

¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, se dejó constancia de que procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición.

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