La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a la fa…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a la facultad del Servicio de Impuestos Internos (SII) para interponer acciones penales por infracciones al artículo 162, inciso tercero, del Código Tributario. El organismo concluyó que la decisión de ejercer dicha acción es una cuestión de mérito que compete exclusivamente al SII, basada en principios de juridicidad, imparcialidad y oportunidad. Sin embargo, determinó que el instructivo interno cuestionado restringe indebidamente esa facultad, pues impide que los casos con más de tres años de antigüedad sean conocidos por la autoridad, renunciando anticipadamente a la acción penal, cuyo plazo de prescripción es mayor. Por ello, ordenó al SII modificar dicha instrucción para ajustarla a la ley e informar a la Contraloría en un plazo de 30 días.
Normas citadas
dfl 7/80 Hacie art/7
Ctb art/6 let/B num/5
Ctb art/8 bis num/1
Ctb art/162 inc/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede el SII decidir no ejercer la acción penal por infracciones tributarias del artículo 162 del Código Tributario?
En este caso, la Contraloría sostuvo que decidir si se ejerce la acción penal es una cuestión de mérito que corresponde exclusivamente al SII, guiada por juridicidad, imparcialidad y oportunidad. Sin embargo, esa facultad no puede restringirse de forma indebida.
¿Es legal que un instructivo interno del SII impida conocer casos tributarios con más de tres años de antigüedad?
En este caso, la Contraloría concluyó que no, porque el instructivo restringía indebidamente la facultad del SII al renunciar anticipadamente a la acción penal, cuyo plazo de prescripción es mayor. Por ello, ordenó modificarlo para ajustarlo a la ley.
¿Qué debe hacer el SII cuando la Contraloría determina que una instrucción interna es ilegal?
En este caso, la Contraloría ordenó al SII modificar el instructivo cuestionado para ajustarlo a la ley e informar al organismo en un plazo de 30 días.
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