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La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección interpuesto por…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección interpuesto por una trabajadora social que se desempeñaba como directora de la Dirección de Desarrollo Social Comunitario de la Municipalidad de Paine, quien fue notificada de su renuncia no voluntaria mediante decreto y cuestionó el rechazo del municipio a pagar la indemnización del artículo 148 de la Ley 18.834. La Corte resolvió que el acto de remoción no es arbitrario ni ilegal, ya que la Ley 19.882 sobre Alta Dirección Pública no es aplicable a las municipalidades, por lo que la indemnización pretendida resulta improcedente al no reunirse los requisitos legales para que la entidad edilicia autorice dicho desembolso.

Normas citadas

  • Artículo 148 de la Ley 18.834
  • Artículo 58 inciso 3° de la Ley 19.882
  • Artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República
  • Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema
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Preguntas frecuentes

¿Procede la indemnización del artículo 148 de la Ley 18.834 cuando una directora municipal es removida por renuncia no voluntaria?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección y resolvió que la indemnización pretendida era improcedente, porque no se reunían los requisitos legales para que el municipio autorizara ese pago.

¿Se aplica la Ley 19.882 de Alta Dirección Pública a los directivos de las municipalidades?

En este caso, la Corte sostuvo que la Ley 19.882 sobre Alta Dirección Pública no es aplicable a las municipalidades, por lo que no se consideró ilegal ni arbitraria la remoción de la directora.

¿Puede un tribunal acoger un recurso de protección contra la remoción de un directivo municipal que cuestiona el no pago de una indemnización?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección, al estimar que el acto de remoción no era arbitrario ni ilegal y que el municipio no estaba obligado a pagar la indemnización reclamada.

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