La Contraloría General de la República dictaminó que el D.S.P. no está obligado a prese…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que el D.S.P. no está obligado a presentar las declaraciones de intereses y patrimonio establecidas en los artículos 57 y 60 A de la Ley N° 18.575. Lo anterior, debido a que dichas obligaciones recaen sobre autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, excluyendo a quienes prestan servicios a honorarios, como es el caso del consultante. El dictamen se fundamentó en que la normativa vigente no contempla a los contratados a honorarios como sujetos pasivos de esas declaraciones, corroborado por un proyecto de ley en trámite que sí los incluiría.
Normas citadas
ley 18575 art/57 inc/1
ley 18575 art/60A
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Están obligados a presentar declaración de intereses y patrimonio las personas contratadas a honorarios en la Administración del Estado?
En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que no, porque los artículos 57 y 60 A de la Ley N° 18.575 recaen sobre autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y no contemplan a quienes prestan servicios a honorarios.
¿Qué normas exigen la declaración de intereses y patrimonio a los funcionarios públicos en Chile?
En este dictamen, la Contraloría señaló que los artículos 57 y 60 A de la Ley N° 18.575 establecen estas declaraciones para autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, pero no para los contratados a honorarios.
¿Un proyecto de ley en trámite cambiaría la obligación de declarar intereses para los prestadores de servicios a honorarios?
La Contraloría tuvo en cuenta que existe un proyecto de ley en trámite que sí incluiría a los contratados a honorarios como sujetos obligados, lo que confirma que la normativa vigente aún no los contempla.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.