Resumen
La Contraloría General de la República cursó el decreto N° 978, de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso el retiro absoluto de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile por exceso de uso de licencias médicas. El dictamen concluyó que el Director General de la PDI posee la atribución legal para declarar la salud de sus funcionarios como incompatible para el desempeño del cargo, sin necesidad de un procedimiento administrativo previo, bastando la concurrencia de los requisitos legales. Asimismo, se determinó que el afectado pudo ejercer su derecho a defensa al interponer los recursos procedentes. Respecto a las solicitudes de medidas provisionales y suspensión de efectos, se indicó que deben ser presentadas ante la autoridad administrativa competente, conforme a la ley N° 19.880. Por lo tanto, la decisión del Director General se ajustó a derecho.