Resumen
La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela y declaró que la Secretaría de Educación de Santa Marta vulneró el derecho a la educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad matriculados en 30 instituciones educativas distritales, al no adoptar medidas pertinentes, necesarias y suficientes para garantizar una educación inclusiva integral conforme a los parámetros de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Asimismo, determinó que el Ministerio de Educación Nacional incumplió su deber de realizar seguimiento a las estrategias de atención a estudiantes con discapacidad. La sentencia ordenó a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar educación inclusiva, conforme al Decreto 1421 de 2017 y los estándares internacionales de protección de derechos de personas con discapacidad, identificando obstáculos como falta de coordinación, bajas expectativas, currículo rígido, sobrecarga docente y retrasos administrativos.