Resumen del criterio jurisprudencial
Ley chilena que establece la obligación de denuncia penal para funcionarios públicos que, en razón de su cargo, tomen conocimiento de delitos de lavado de activos y otros contemplados en la misma ley, fijando sanciones de presidio menor y multa para quienes omitan dicha denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros, PDI o tribunales con competencia criminal.