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La Contraloría General de la República imparte instrucciones a las municipalidades resp…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República imparte instrucciones a las municipalidades respecto de la oferta económica contemplada en la ley N° 19.995, pagadera a las comunas donde se ubican casinos de juego. El dictamen establece que dichos recursos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones municipales previstas en la ley N° 18.695, especialmente en sus artículos 3° y siguientes. Además, deben incorporarse al presupuesto municipal, quedando afectos a la regulación de la ley N° 18.695 y a las normas sobre administración financiera del Estado. Se concluye que, en virtud del principio de legalidad del gasto público, los municipios no pueden destinar estos fondos a otros fines, y la Contraloría fiscalizará el cumplimiento de estas instrucciones.

Normas citadas

  • Ley 19995 art/3 lt/k
  • ley 19995 art/20 lt/k
  • ley 19995 art/61 bis inc/2
  • ley 19995 art/59
  • POL art/6
  • POL art/7
  • POL art/100
  • ley 18575 art/2
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Preguntas frecuentes

¿En qué pueden gastar las municipalidades los recursos de la oferta económica de los casinos de juego?

La Contraloría General de la República sostiene que estos recursos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones municipales previstas en la Ley 18.695, en virtud del principio de legalidad del gasto público. Los municipios no pueden usarlos para otros fines.

¿Cómo deben registrarse en el presupuesto municipal los fondos que pagan los casinos a las comunas?

Según este dictamen, los recursos deben incorporarse al presupuesto municipal y quedan sujetos a la regulación de la Ley 18.695 y a las normas sobre administración financiera del Estado. Así se concluye en el pronunciamiento de la Contraloría.

¿Qué control existe sobre el uso de la oferta económica de casinos por parte de los municipios?

La Contraloría General de la República señala que fiscalizará el cumplimiento de sus instrucciones sobre el destino de estos recursos. El dictamen impone a las municipalidades la obligación de respetar esas instrucciones.

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