La Contraloría General de la República determinó que no procede otorgar una concesión d…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República determinó que no procede otorgar una concesión del servicio municipal de recolección de residuos sólidos domiciliarios mediante un contrato de transacción, y que las sucesivas contrataciones directas realizadas por la Municipalidad de La Florida no se ajustan a derecho. El organismo ordenó al municipio regularizar las actuaciones observadas, dando cumplimiento a la normativa sobre concesiones municipales, y advirtió que omitir la propuesta pública contraviene el principio de probidad administrativa, pudiendo generar responsabilidad del alcalde. Asimismo, remitió antecedentes sobre contrataciones directas a la unidad de fiscalización para su evaluación. No se observaron irregularidades en las actuaciones del director de control y concejales indicados.
Normas citadas
ley 10336 art/6 inc/3
ley 18695 art/66 inc/2
ley 18695 art/8 inc/4
ley 18695 art/8 inc/5
ley 18695 art/8 inc/6
pol art/6
pol art/7
ley 18575 art/2
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad otorgar una concesión del servicio de recolección de residuos domiciliarios mediante un contrato de transacción?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no procede otorgar esa concesión mediante un contrato de transacción, y que el municipio debe regularizar las actuaciones observadas conforme a la normativa sobre concesiones municipales.
¿Es legal que una municipalidad siga contratando directamente el servicio de recolección de residuos sin propuesta pública?
En este caso, el organismo concluyó que las sucesivas contrataciones directas no se ajustan a derecho, advirtiendo que omitir la propuesta pública contraviene el principio de probidad administrativa y puede generar responsabilidad del alcalde.
¿Qué consecuencias puede tener para un alcalde contratar directamente sin propuesta pública?
En este caso, la Contraloría advirtió que omitir la propuesta pública contraviene el principio de probidad administrativa y puede generar responsabilidad del alcalde, además de remitir antecedentes a la unidad de fiscalización para su evaluación.
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