Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte subrayó que la carga de la prueba recae en quien dirige la relación laboral, conforme a la Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, reafirmó la protección constitucional de la remuneración y del derecho a la jornada máxima, al considerar que el registro de trabajo es una obligación de orden público y una garantía del trabajador frente a posibles abusos de los empleadores.