Resumen
La sentencia analiza un proyecto de ley, iniciado por mensaje presidencial, que regula la protección y tratamiento de datos personales en Chile y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Se fundamenta en la necesidad de abordar los riesgos de vigilancia y control en la sociedad digital, así como la desconfianza de los consumidores y la falta de un marco normativo adecuado, que constituyen barreras para el desarrollo de la economía digital. El tribunal resuelve aprobar las disposiciones transitorias del proyecto, que establecen la creación de la Agencia, la determinación de su dotación máxima de personal, la conformación de su primer presupuesto, el concurso público para el nombramiento de su primer director o directora, la designación de encargados de protección de datos en órganos públicos, y el financiamiento del mayor gasto durante el primer año de vigencia con reasignaciones del Ministerio de Hacienda y recursos del Tesoro Público.